Proyecto de Ley de Navegación Marítima, 2013.

 

Embargo preventivo y venta forzosa de buques en España.

Especialidades procesales y de jurisdicción voluntaria del Proyecto de Ley de Navegación
Marítima, 2013.

La nueva Ley de Navegación Marítima regulará las especialidades procesales del embargo
preventivo de buques que, en síntesis, remite al Convenio Internacional sobre el embargo
preventivo de buques, hecho en Ginebra el 12 de marzo de 1999, y completa dicha regulación.

Queda asegurada la detención efectiva del buque (por conducto de la Capitanía marítima),
sin necesidad de acreditar el fumus bonis iuris ni el periculum morae (que se presume), remitiendo en todo lo no específico a la Ley de Enjuiciamiento Civil. La jurisdicción competente para decretar el
embargo será, a elección del actor, la del puerto de estadía del buque, aquel donde se espera su
arribada (novedad con respecto a la legislación anterior) o el juzgado que lo sea para conocer de
la pretensión principal.

Se clarifica la duda existente hasta la fecha sobre la posibilidad de embargar buques españoles por esta vía procesal, admitiendo su embargo preventivo por tanto por créditos marítimos como por cualesquiera otros derechos o créditos contra el deudor al que pertenezca el buque o buques cuya traba se solicita.

En estos casos de referencia nacional, la inmovilización podrá ser sustituida, a juicio del órgano
jurisdiccional, por la anotación en el Registro de Bienes Muebles de la medida y, en su caso, de la
prohibición de enajenar.

También cabe destacar la fijación de los criterios que servirán al tribunal para determinar la
cuantía de la garantía que se exigirá para decretar el embargo, que como mínimo será del 15 por
100 del importe del crédito marítimo. En los últimos años los juzgados de lo mercantil venían
exigiendo entre en 5% y un 30%, en función de las circunstancias década caso.

La venta judicial del buque se regula a partir del régimen del Convenio sobre los privilegios
marítimos y la hipoteca naval de 1993, articulándose como una especie de “purga” respecto de los
gravámenes que sobre el mismo pudieran pesar, lo cual agilizará muchas ventas forzosas,
verdadero talón de Aquiles del sistema actualmente vigente. Se basa en un adecuado sistema de
publicidad y notificaciones –que en el caso de hipotecas al portador y privilegios de titular
desconocido sólo son posibles a favor de quienes hubieran comunicado la existencia del crédito
antes de proceder a la enajenación. De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil la venta
puede gestionarse directamente por persona especializada y conocedor del mercado,
prescindiendo de la subasta.

Adjunto Anteproyecto de Ley de Navegación Marítima, 2013

 

 

Jaime de Castro
Abogado
De Castro Gabinete Jurídico

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